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Canal de denuncias para casinos y operadores de juego: obligación y cómo cumplir

Actualizado a junio 2026 · 9 minutos de lectura

Publicado el 26 de mayo de 2026 por el equipo de EticAlert

El sector del juego —casinos presenciales, salones de máquinas y juego online— es uno de los sectores con mayor riesgo histórico de blanqueo de capitales. No en vano es uno de los primeros que la Ley 10/2010 incluyó como sujeto obligado de prevención del blanqueo, y por esa condición está también obligado a disponer de canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023, independientemente de cuántos empleados tenga.

Base legal de la obligación

El artículo 2.1.g) de la Ley 10/2010 incluye expresamente a «los casinos de juego» como sujetos obligados PBC. La Directiva Ministerial de Juego y las directrices del SEPBLAC amplían la aplicación práctica a los operadores de juego en general. La cadena de obligación es:

1. Ley 10/2010 (PBC) → el casino / operador es sujeto obligado.
2. Directiva (UE) 2019/1937 → la obligación de canal aplica a sujetos PBC con independencia del tamaño.
3. Ley 2/2023 → transpone la directiva al derecho español.

¿Qué operadores de juego están obligados?

• Casinos presenciales con licencia autonómica.
• Salones de juego y máquinas recreativas en los supuestos en los que la ley los considera sujetos obligados por el volumen de operaciones en efectivo.
• Operadores de juego online con licencia de la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego): apuestas deportivas, póker, ruleta, bingo online, etc.
• Bingos presenciales cuando están equiparados a sujetos obligados por volumen de operaciones.

¿Qué comunicaciones puede recibir el canal?

El canal de una empresa del sector juego puede recibir comunicaciones sobre:

• Blanqueo de capitales en sala: clientes que compran fichas con efectivo de origen no declarado, fraccionan las compras para evitar los umbrales de identificación, o cambian fichas sin haber jugado.
• Incumplimientos de identificación: empleados de sala o agentes de atención al cliente que no aplican las medidas de identificación (KYC) a clientes VIP por instrucciones de la dirección.
• Manipulación de premios: fabricación o manipulación de tickets de premios para facilitar el blanqueo o la evasión fiscal de los ganadores.
• Juego irregular por parte de empleados: acceso de empleados a los sistemas con información privilegiada sobre patrones de juego o explotación de vulnerabilidades del software.
• Presión para no reportar al SEPBLAC: directivos que instruyen al oficial de cumplimiento para no comunicar operaciones sospechosas.
• Incumplimientos de la Ley del Juego: fraude en la gestión de los fondos de los jugadores, publicidad ilegal, operación sin licencia en alguna jurisdicción.

Doble cumplimiento: Ley del Juego + Ley 2/2023

Los operadores de juego ya tienen un marco regulatorio exigente que incluye obligaciones de prevención del fraude, segregación de fondos de jugadores y auditorías periódicas. El canal de denuncias de la Ley 2/2023 se suma a ese marco como un elemento más del programa de compliance.

En muchos casos, el operador ya tiene un oficial de cumplimiento o un responsable de PBC. Esa persona puede asumir también el rol de RSII, siempre que no tenga conflicto de interés en los asuntos que se comuniquen.

DGOJ, comunidades autónomas, SEPBLAC y AIPI: quién supervisa qué

Pocas actividades acumulan tantos supervisores como el juego, y conviene tener claro ante quién responde cada pieza:

La consecuencia práctica: el protocolo del canal debe prever a qué supervisor se deriva cada tipo de hallazgo, y el RSII debe documentar esa derivación sin exponer la identidad del informante.

Particularidades de implantación en el sector del juego

• Plantillas de sala con turnos y rotación alta. Crupieres, personal de caja y atención al cliente trabajan en turnos 24/7 y muchas veces no tienen email corporativo. El canal debe ser accesible desde el móvil personal con un simple enlace o QR en la zona de personal — si solo se puede denunciar desde la intranet, el 70% de la plantilla queda fuera de facto.
• El anonimato pesa más que en otros sectores. En salas pequeñas todos se conocen, y en el juego online los equipos de soporte y trading son reducidos. Sin anonimato técnico real (sin registro de IP, comunicación por código de seguimiento), el canal no recibirá comunicaciones — y un canal sin uso en un sector de alto riesgo es una señal que la AIPI sabe interpretar.
• Personal de proveedores en sala. Técnicos de máquinas recreativas, hostelería subcontratada y seguridad privada conocen la operativa diaria y son informantes protegidos: el ámbito del canal debe incluirlos.
• Online: cuidado con el perímetro del grupo. Muchos operadores online españoles son filiales de grupos internacionales con sede en Malta o Gibraltar. El canal global del grupo no sustituye al canal español de la entidad licenciada por la DGOJ: la filial española necesita su propio RSII notificado a la AIPI y su tramitación conforme a la Ley 2/2023.

El coste del incumplimiento es doble: además de las multas de la AIPI (hasta 1.000.000€), las deficiencias de control interno afectan a la renovación de licencias y a los expedientes PBC, donde el sector del juego es objetivo prioritario de inspección del SEPBLAC.